EL EJEMPLO DEL MATE

Seguramente el lector será uno de los tantos que se sienta a leer acompañado de un mate. Puede que quizás haya advertido que el paquete de yerba que consume tiene adherida una estampilla azul o roja que posee la sigla INYM. Si alguna vez se preguntó porqué el paquete traía ese estampillado querrá saber que es una muestra de cómo el Estado y los actores involucrados en la producción, de yerba mate, en este caso, pueden consensuar y adoptar decisiones que permitan que todos los sectores ganen sin perjudicarse, ni acaparar ambiciosamente ganancias extraordinarias perjudicando al resto de la población.
Los argentinos somos los principales consumidores y productores del mundo de esta infusión y esto se debió a una iniciativa del Estado, que allá por las primeras décadas del siglo pasado decidió promover este cultivo y asegurar la presencia en las fronteras de Misiones y Corrientes.
De esa intervención estatal surgió la Comisión Reguladora de la Yerba Mate que promovió la producción local alcanzándose a cubrir, en pocos años, el consumo total del país que era abastecido por Brasil.
Llegada la década del 90, no hubo sector que se salvara del paso devastador del neoliberalismo y el mercado yerbatero no fue la excepción. Fue en 1991 cuando el entonces presidente Carlos Menem dicta el decreto que consagra la desregulación de la actividad.
Tal como se especulaba con la medida adoptada, el mercado comenzó a imponer condiciones en detrimento de los eslabones más débiles de la cadena productiva. Por un lado estaban las grandes industrias molineras, (Molinos Río de la Plata y Las Marías entre otras), que concentraban el 70 por ciento de las ventas totales. Por el otro, los miles de microproductores que cultivan campos que rondan entre las 5 y 20 hectáreas.
Mientras las grandes empresas crecieron con el proceso de desregulación, y algunas lograron extender la frontera de comercialización de sus productos hasta lejanos países como Siria, a los pequeños productores se les hacía imposible competir dada la desigualdad relación de fuerzas, sufriendo una caída en los precios de la materia prima debido al exceso de porcentaje de palo por kilogramo sin control bromatológico, lo que aumentó el volumen de la yerba, produciendo una saturación del mercado, con la consecuente pérdida de rentabilidad.
Antes de la desregulación, el sector productivo se quedaba con el 30 por ciento del precio que el consumidor pagaba en la góndola. En los 90, la participación se redujo al 9 por ciento. Sin embargo, los menores costos no se tradujeron en un menor precio para los consumidores, ya que la diferencia pasó a engrosar las ganancias de los molinos yerbateros y de los hipermercados que se encuentran en el otro extremo de la cadena.
A mediados del 2001 comenzó una etapa de protestas por parte de los productores yerbateros que culminaron en un acampe en la plaza central de Posadas. Como consecuencia de esta lucha se sanciona la ley 25564 creándose el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) con el fin de promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate y derivados en sus diferentes modalidades de consumo y usos, procurando la sustentabilidad de los distintos sectores involucrados en la actividad.
El nuevo ente regulador está compuesto por representantes nacionales, de las provincias productoras, del sector industrial, de los productores primarios, de las cooperativas agrícolas, como así también de los trabajadores rurales que prestan servicios en el sector yerbatero.
Entre las facultades del INYM, está la de establecer semestralmente el precio de la materia prima. Para el período comprendido entre los meses abril a setiembre de 2008, la resolución 9/08 establece un precio de $ 0.52 por kilo de hoja verde puesta en secadero, y de $ 2 por kilo de yerba canchada (triturada).
Un informe elaborado por la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora (CMYMZP) señala que desde la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, en 2002, la hoja verde y la canchada lograron una sustancial mejora de su cotización. Al mismo tiempo, el trabajo aclara que el sector industrial cuenta con la menor participación sobre el valor de cada kilo de yerba mate que se comercializa en las góndolas. A partir de los precios que fija semestralmente el INYM, la Cámara de Molineros desarrolló un cuadro comparativo donde se consigna que en junio 2002 el kilo de hoja verde se pagaba -en el mejor de los casos, $0,08 mientras que en marzo de 2.008 el valor oficial ascendió a $0,52, lo que implica un incremento del 550%.Algo similar ocurrió con la canchada, ya que en junio del 2002 su precio por kilo era de $0,35, llegando a marzo del año en curso a los $2,00; es decir, una mejora del 471%.En lo que se refiere a la participación de la industria, la misma creció solo un 5%: en junio del 2002 eran de $0,94 y alcanzó $0,99 en marzo pasado.De esta manera – señala el informe de la CMYMZP- se llega a un precio de la yerba mate a salida de industria que pasó de $1,29 en junio del 2.002 a $ 2,99 en marzo del 2.008; es decir que el incremento fue del 131%.
Si el lector matero ha estado atento durante los más de cien días que lleva el conflicto agropecuario, habrá podido notar que las peticiones de los productores comenzaron por las retenciones y se fueron extendiendo a otros temas tales como la lechería, la carne y el arroz. La yerba nunca fue tema de reclamo alguno dada la coordinación que se dá desde el INYM a toda la cadena productiva. El consenso predomina sobre las ambiciones sectoriales de obtener máximas ganancias.
A partir de un esquema basado en un precio promedio de $ 5,00 para un kilo de yerba mate puesta en góndola, el informe elaborado por la CMYMZP detalla la participación de la cadena productiva y comercial. En ese sentido, se consigna que el sector primario participan con un 40% (productor, cosecha y secanza), el molino con el 17,70% (estacionamiento de un año, costos financieros, seguro, mano de obra, envases, estampillado fiscal, retenciones, administración, transporte a planta y destino, energía, publicidad, logística y gastos generales), la comercialización con el 21,80% (canales mayoristas y minoristas) y el Estado con el 20,50% (IVA, Ingresos Brutos, impuesto al cheque y tasas municipales).
Recrear la Junta Nacional de Granos, la de Carnes, la Dirección Nacional de Azúcar, o el Fondo Promotor de la actividad Lechera, son decisiones que deben tomarse para que en esas instituciones se vean representados todos los protagonistas de cada actividad, y de esa forma poder volver a contar con proyectos y herramientas que permitan intervenir en apoyo de los pequeños y medianos productores que tanto lo necesitan.

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DESERCION UNIVERSITARIA

Alrededor de un 60 por ciento de los estudiantes que cada año ingresan a las universidades del país abandonan su carrera en primer año, un porcentaje menor, pero todavía importante lo hacen en el segundo año. Algunos de esos estudiantes cambian de carrera, la mayoría abandonan sus estudios. Se señalan diversas causas de ese tan alto nivel de fracaso. Algunas son externas a la universidad: los problemas socioeconómicos, las deficiencias de formación que se arrastran de los niveles anteriores de la educación, la falta de adecuada orientación vocacional, entre otras. Pero también existen causas que son propias del sistema universitario. Las peores condiciones para el aprendizaje se dan muchas veces en los primeros años. Incluso en carreras y universidades que no tienen problemas de masividad, los cursos de los primeros años suelen ser multitudinarios. Los recursos, en general escasos, lo son aún más (laboratorios, acceso a equipos de computación, disponibilidad de bibliografía, etc.), las modalidades pedagógicas no necesariamente están preparadas para ayudar a los estudiantes en esa difícil transición que es el acceso a la educación superior. Los diseños curriculares tienen estructura tubular y no permiten canalizar decisiones de cambio de carrera de manera no traumática, teniendo generalmente que empezar de nuevo luego de arduos trámites para cambiar de carrera.Nuestro país necesita, en una estrategia de desarrollo y de mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, muchas más personas con más formación, y no puede desperdiciar las ganas de estudiar de tantos jóvenes.
El fenómeno preocupa desde hace tiempo a las autoridades universitarias, que, sin embargo, en general, carecen de cifras que reflejen el problema. La novedad es el crecimiento del abandono de las aulas por causa de la desilusión acerca de la carrera elegida, a la que muchas veces los estudiantes llegan guiados por preconceptos y sin información. Se suman las dificultades económicas, que hacen que gran parte de los alumnos deba trabajar y debe privilegiar esa actividad por sobre la carrera.
Para las universidades, la pérdida de estudiantes implica un malgasto de recursos en tiempos de presupuestos magros.
Los especialistas aseguran que la ausencia de orientación vocacional en la escuela media y la falta de un acompañamiento en la transición a la universidad contribuyen al problema, tanto como la rigidez de los planes de estudio y de las instituciones universitarias, que no permiten fácilmente los cambios de carrera.
En la Universidad Nacional de Rosario, uno de cada cuatro alumnos que se inscriben en alguna carrera de sus facultades, terminarán dejando de asistir a clases.
Para Claudio López, de la Secretaría Académica de la alta casa de estudios, “el abandono de una carrera tiene varias explicaciones. La mitad de los alumnos de la UNR no es de Rosario. Y además de las dificultades naturales de comenzar un estudio universitario pesan el trasplante a un medio que inicialmente puede resultar hostil, y exigencias económicas adicionales en traslado y alquiler".
"Estudiar en la universidad estatal no es gratis, porque el transporte, los libros y hasta las fotocopias tienen costo", indicó López, y agregó: "Muchas carreras son incompatibles con un trabajo de ocho horas, a veces hay que optar por una u otra cosa. Pero no todas las familias pueden costear los estudios de sus hijos ni todos los alumnos resignar un sueldo hasta recibirse".
Estudiantes no reinscriptos son quienes venían cursando alguna carrera pero, por razones no especificadas, la interrumpen. El último boletín estadístico de la UNR, que analiza datos de 2006, dice que del total de 72.398 alumnos que concurren a las 12 facultades, ese año se reinscribieron 58.803 mientras que 14.903 no continuaron. Un abandono del 25 por ciento.
Lorena se inscribió este año en Ciencias Económicas, y arrancó a cursar el cuatrimestre con ganas, pero las dificultades que se le fueron presentando para manejar los horarios de clases y los de su trabajo, además de no siempre contar con alguien que cuide de su hijo, inclinaron la balanza hacia la deserción.
“Yo necesito trabajar para poder vivir, y tuve que anteponerlo a los estudios. Me dolió mucho, pero tuve que dejar de ir a la facu”, contó la ex estudiante, con cierta desazón en las palabras.
El 59% de los jóvenes argentinos de entre 18 y 24 años accede a la enseñanza superior, según datos del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América latina y el Caribe (IESALC). En la región la media es del 32%, muy lejos del 50% de algunos países desarrollados y del 80% que alcanzan las naciones nórdicas, por ejemplo.
También aparece otro problema: el 25% de los alumnos de las universidades públicas se reinscribe en la facultad sin haber aprobado al menos una materia durante el año anterior. En las privadas, esa tasa baja al 20%. Esta tendencia se focaliza principalmente en el curso de ingreso o durante los primeros años de las distintas carreras. Y es determinante en el abandono o retardo del estudiante.
En todos los casos alcanzar la meta propuesta, y lograr la graduación resulta sumamente difícil. Son necesarias condiciones individuales y sociales que no siempre los estudiantes pueden desarrollar. Las elevadas tasas de deserción indican la necesidad de establecer nuevos programas y destinar más recursos que permitan retener estudiantes en el sistema educativo, considerando la importancia del retorno social y económico de los recursos invertidos.
Son bastante elevados los costos sociales y económicos ocasionados por la deserción en el ámbito universitario. Además, los ingresos que dejan de percibir durante la vida activa cuando se abandonan los estudios sin concretar la graduación significan una pérdida no sólo en lo personal y lo social, sino que también perjudica el
crecimiento del país.
Sin embargo, las políticas educacionales destinadas a fomentar la retención de los estudiantes en las aulas en los distintos niveles deben estar acompañadas por una dinámica de generación de empleos de calidad. Debe existir una estrecha relación entre la oferta de carreras y las necesidades del país o la región, de manera tal que la universidad favorezca en forma inteligente el crecimiento y las necesidades del país. De la misma manera, el Estado deben planificar los recursos humanos que necesita y brindar una adecuada protección social que permita absorber productivamente las mayores calificaciones ofrecidas.

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LA DEUDA DE NUNCA ACABAR

El anuncio que realizó esta semana la Presidenta vuelve a poner en el tapete al remanido tema del pago de la deuda. A la ya conocida decisión de abonarle lo que se le debe al Club de París, debe sumarse ahora la reapertura del canje de bonos que, a propuesta de los bancos acreedores, el Gobierno seguramente implementará.
Los tres bancos son el Deutsche, el Citi y el Barclays, que, representando a los bonistas que no entraron en el canje del año 2005, hicieron una propuesta para saldar la deuda con un esquema de refinanciación de los vencimientos que ya se veían amenazadores para los próximos dos años.
En total se trata de una operación de casi 33 mil millones de dólares: 18800 millones de los holdouts (los que no entraron en el canje anterior) y 14 mil millones de préstamos garantizados (unos bonos que Cavallo forzó a comprar a los bancos y a las AFJP en 2001). Algunos datos que han trascendido hacen ver a la oportunidad como buena para el Estado argentino ya que el nuevo canje incluiría una quita del 66 por ciento y el vencimiento se trasladaría al 2033. Es decir, que por cada 1000 dólares que se presenten a canjear, la Argentina pagará 340. Los intereses corridos entre 2003 y 2005, que antes se pagaron en efectivo, también se hará en bonos con la quita del 66 por ciento. Y la comisión de los bancos participantes será pagada por los tenedores de bonos. Esto último no es un dato menor, ya que en 2005 la pagó nuestro país, y se estima que los honorarios rondarán esta vez los 1500 millones de dólares.
El anuncio se encuadra en la estrategia del Gobierno de dar señales a los mercados de capitales de que se cumplirán los compromisos y de esta forma tratar de reinsertar al país y a las empresas argentinas en la posibilidad de obtención de créditos e inversiones.
Las medidas también apuntan por elevación a tratar de parar los juicios que se llevan adelante en Nueva York por parte de los fondos buitres que lograron embargar cuentas del Banco Nación en el exterior, y que pusieron en su momento limitaciones al avión presidencial Tango 01, ya que si aterrizaba en alguna jurisdicción comprometedora, corría el riesgo de quedar embargado e inmovilizado. De abrirse un nuevo canje, tal como venía solicitando el juzgado actuante, los que no ingresen a esta nueva oportunidad, quedarán sin argumentos para seguir litigando contra el país.
Lo que queda por analizar es si es oportuno adoptar la medida en medio de la peor crisis financiera mundial de los últimos tiempos. En un momento global de incertidumbre y con caídas de títulos, pareciera ser un momento de debilidad de los acreedores pero el pago, por sí solo, no resolverá el ingreso de nuevas inversiones. Hasta que no calme la tormenta, nadie invertiría grandes sumas en escenarios poco estables.
La administración de la Presidenta piensa que deben adelantarse y quedar en una posición mejor que otros países para que, cuando vuelva la calma y los inversores comiencen a evaluar adonde llevan sus fondos, el país resulte “un sitio atractivo”.
Puede correrse el riesgo de que con la actual crisis internacional, la política de desendeudamiento tomado como estrategia por parte del Gobierno, se convierta simplemente en un gesto de “buena letra” para el corto plazo. Dejando sin fundamento la teoría de que comenzarán a recibirse inversiones que ayuden a que no decaiga la actividad económica. Los operadores internacionales aún no ven al país como seguro, y ciertamente, la economía mundial puede seguir su curso sin tener en cuenta a la Argentina.
Por lo pronto, el tema vuelve a otorgarle protagonismo a un Congreso que, desde aquellas largas jornadas de debate parlamentario donde el tema central eran las retenciones al agro, pareciera haberse despertado de la siesta provinciana en la que estaba inserto.
Es que la ley de Deuda Pública, llamada también Ley Cerrojo y sancionada en 2005, prohíbe pagarles a los bonistas que no entraron en el canje. Por lo tanto, para que la propuesta avance, debe ser derogada. Y si se deroga, también debe ser el Congreso el que acepte o no el pago a los llamados holdouts.
Un nuevo capítulo se escribe a partir de la historia de la deuda. Una historia de nunca acabar. Pero que deja postergada una vez más, la cancelación de la otra deuda. Aquella que se tiene con los sectores más postergados, como los que siguen trabajando en negro y a los que no les llegan los aumentos en el salario familiar, o aquellos que aún continúan bajo una línea de pobreza que mes a mes excluye a más argentinos.
Á esa otra deuda, aún le falta por escribir su capítulo.

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