CONSECUENCIAS DE LA CRISIS GLOBAL EN SANTA FE

Cuando empezó a escucharse en los medios que se iniciaba una “crisis financiera mundial”, el término resultaba demasiado globalizador y daba la sensación de ser un gran lío que se estaba produciendo en algún lugar del mundo, muy, muy, lejano. Cuando la Presidenta salió a decir que la economía argentina se encontraba fuerte y a resguardo de los avatares financieros que se multiplicaban como clones en las distintas bolsas y ciudades del mundo, una leve sospecha de que algo ocurriría por estas pampas, comenzó a retumbar en las mentes de muchos argentinos.
Primero fue el Gobernador, y luego el Intendente quienes pusieron los puntos sobre las íes de incertidumbres, incógnitas e inestabilidades de muchos santafesinos y rosarinos que ya empezaban a preguntarse cómo deberían ponerles el pecho a las consecuencias del desmanejo timbero por parte de los ceos, los genios y los gurúes de las finanzas norteamericanas y europeas. Tanto Binner como Lifchitz dejaron en claro que el problema llegaría hasta nuestras costas para instalarse entre nos.
Quedaba claro que Rosario, puerto exportador por excelencia del Río marrón, y su zona de influencia, debería ser alcanzada por la debacle foránea debido a sus fuertes lazos comerciales, y hasta cierto grado de dependencia, con el extranjero. Vínculos que permitieron que en estos últimos seis años el crecimiento productivo de la región alcanzare expansiones nunca antes vistas ni pensadas.
Lo que muchos trabajadores no pensaron en esos primeros momentos era que la consecuencia directa sobre sus vidas iba a pasar por la posibilidad concreta de perder sus empleos.
De a poco, casi sin darnos cuentas, más y más sectores de la economía provincial comenzaron a hacer sus ajustes laborales, llegando en los casos más ásperos, a despacharse cientos de telegramas de despidos.
Carlos Rodriguez, ministro de Trabajo provincial, se vió obligado a convocar a una reunión extraordinaria de la Comisión Provincial Tripartita para el Trabajo Decente, conformada por el Gobierno, empresarios y gremios, para analizar la situación laboral en todo el territorio santafesino. “No hay crisis laboral, sinó crisis de expectativas” manifestó el ministro al analizar las actitudes tomadas por parte de los empresarios.
Para la visión del ministro, “no se observa un deterioro, ya que las cifras que tenemos no dan indicación de esto.” Para Rodriguez, “la situación está bastante bien llevada. Algunos empresarios recurren a adelantar las vacaciones, en otros casos hemos visto acuerdos entre sindicatos y empresas para reducir la jornada laboral o trabajar un día menos por semana. Pareciera que hay bastante conciencia en que conservar los puestos de trabajo es una cuestión esencial en estos momentos, y que es lo que queremos sostener como gestión”, señaló.
Sin embargo, al hacer el repaso de los conflictos surgidos en los últimos 40 días, la situación deja de ser tranquila para transformarse en preocupante.
El de la automotriz General Motors ha sido el conflicto que más espacios ha ganado en los medios desde su inicio, hace más de un mes, cuando la empresa decidió despedir a 436 trabajadores. Después de interminables negociaciones, conciliación obligatoria mediante, el gremio consiguió frenar los despidos hasta 2009, y aceptó negociar suspensiones, pero no el régimen que quiere GM. El punto de conflicto pasa en que para el gremio, la empresa “pretende suspender a 160 empleados con una baja salarial progresiva hasta diciembre del año que viene, para después despedirlos. Nosotros queremos que las suspensiones sean rotativas para los 2300 trabajadores de la planta, porque sinó estos 160 van a quedar marginados, como si fuesen empleados de segunda.”, propuso Marcelo Barrios, secretario general de la delegación Rosario del Smata. La situación no está resuelta, y habrá una nueva ronda de negociaciones la semana entrante. Mientras tanto sigue corriendo el plazo de la conciliación obligatoria que vence el próximo 2 de diciembre.
Otro frente de conflicto se ha desatado en las aceiteras. Empresas como Dreyfuss, Vicentín y Buyatti, adelantaron las vacaciones a su personal debido a una fuerte disminución de la molienda de soja que alcanzaría un 10 por ciento en las últimas semanas. Es otro rebote de la crisis mundial que ha producido un fuerte desplome del precio del cereal que ocasionó el recordado conflicto con el campo a inicios de este año.
Desde su pico de 602 dólares en julio, la soja cayó un 48 por ciento en su cotización, producto de la crisis global. Su precio actual ronda los 314 dólares por tonelada, su peor precio del año, cercano al de agosto del año pasado. En el desplome fue decisiva la salida masiva de los especuladores financieros de los fondos que invierten en commoditties agrícolas. Todos huyeron a refugiarse en el dólar y desinflaron la burbuja que habían creado.
La industria aceitera del polo rosarino tiene una capacidad de molienda de 150.000 toneladas diarias, pero últimamente es raro el día en que en la Bolsa local se hagan transacciones por más de 10.000 toneladas. Los productores no venden porque esperan que el precio se recupere. Y las industrias no compran si los valores suben porque sostienen que los márgenes de rentabilidad se ajustaron mucho. En el medio, “hay entre 400 y 500 operarios con problemas laborales” sostienen desde el gremio aceitero del departamento San Lorenzo.
En otro rubro, como la industria química, la firma Cloretil, ubicada en Puerto San Martín, decidió despedir a 10 obreros, tras protestar contra la decisión unilateral de la empresa de eliminar el pago de unos adicionales. La raíz del conflicto tuvo que ver con una modificación de la modalidad de trabajo, ya que después de un año se volvió al régimen de turnos de 24 horas, de lunes a viernes lo que implica dejar de lado las cargas adicionales por trabajar sábados, domingos y feriados. Esta situación derivó en la toma de medidas de fuerza por parte del personal con el respaldo del Sindicato Químico de San Lorenzo, a lo que la empresa respondió con una suspensión de dos días a modo de medida disciplinaria, y luego envió 10 telegramas de despido que derivaron en una carpa y un paro lanzado por el gremio. Luego de dictarse la obligatoria conciliación, la empresa reincorporó a los despedidos, al menos, provisoriamente hasta ahora.
¿Cuántos serán los sectores alcanzados por la crisis? ¿Cuántos trabajadores podrán llegar a perder sus empleos? Nadie puede determinarlo a ciencia cierta por estos días.
Ni los pronosticadores de huracanes financieros y plagas económicas que suelen aparecer en medio que esté a su alcance. Ni los responsables de las áreas del Gobierno que son los responsables de hacerle frente al problema. "Lo peor todavía no llegó. El impacto en la economía local se notó en los sectores ligados a la exportación, como el automotriz (con GM a la cabeza) y el aceitero. Pero en los próximos meses la baja del consumo se va a traducir también en una caída de la actividad comercial", consideró la secretaria de Trabajo Alicia Ciciliani, sumando más incertidumbre que restando con certezas. Leer más...

LA ODISEA DE GUARDAR EL COCHE

Dónde guardar el auto. Ese es uno de los dilemas que se enfrentan los vecinos del centro de Rosario. Es que el crecimiento del parque automotor hace difícil conseguir un lugar en alguna cochera, además de haberse disparado los precios si se pretende adquirir una.
Comprar una cochera es una inversión que hoy tiene un piso de 10000 dólares, llegando a pedirse hasta 15000 dólares por una mejor ubicación.
Alquilar una cochera mensual en algún garage ronda entre 250 a 280 pesos mensuales.
Pero si el lector, pese a que disponga del dinero suficiente, quiere conseguir un lugar cerca de su casa, sólo será cuestión de suerte.
Desde el centro de estadísticas de la Dirección de Tránsito municipal precisaron que en la actualidad el parque automotor local asciende a más de 400 mil vehículos, con un promedio de crecimiento anual del tres por ciento del 2001 al 2007. Para algunos, este es el origen del problema, mientras otros agregan otro factor: la inseguridad. Nadie duerme tranquilo con el auto en la calle, y para corroborarlo están las cifras que acercan desde la Unidad Regional II, durante los primeros seis meses del 2008 se denunciaron 600 vehículos como robados de las calles rosarinas.
El problema también tiene roza cuestiones de planeamiento urbano, si se conoce que el parque automotor posee un crecimiento sostenido en el tiempo, deberían estudiarse alternativas para la localización de esos vehículos que se van sumando año a año.
Si se sale a buscar un lugar para alquilar por mes para el coche la respuesta más frecuente será que “no hay por el momento”, mientras le ofrecerán formar una lista de espera que puede tener una extensión de entre 10 y 15 personas.
A grandes rasgos, hay dos tipos de estacionamiento en el centro rosarino: cocheras dormitorio que se compran o alquilan por mes, y playas por hora con tarifas fraccionadas cada 15 minutos. Pero para estas dos modalidades hay, en general, tres tipos de usuarios: los que viven en la zona, los que van eventualmente de compras o a los bancos y quienes trabajan durante el día 8 o más horas.Las altas tarifas por hora inclinan a quienes van todos los días al centro en sus vehículos a alquilar espacios por mes. En consecuencia, muchas de las cocheras que podrían rentar los vecinos del centro sólo se ocupan en horario laboral, los fines de semana están vacías.
Para evitar esto en el estacionamiento de Maipú al 500 alquilan cocheras móviles, es decir que deberá dejarse las llaves del coche y lo estacionarán o “moverán” de acuerdo al lugar que se vaya desocupando. “Cocheras fijas no tenemos por ahora” señala Ernesto, el encargado del lugar, “tengo una lista de espera de 6 personas que están a la expectativa por si se cae algún contrato”. En el lugar las tarifas mensuales varían entre $280 y $340, dependiendo de la distancia o comodidad que representa estar más cerca del portón de entrada.
La falta de un planeamiento estratégico y de una reglamentación que ordene al sector, permite la existencia de garages que cierran de noche. La búsqueda de la máxima rentabilidad hace que trabajen con más coches en las horas picos céntricas y ahorro total nocturno. Un recorrido después de las seis de la tarde por la zona de bancos, permite observar esta actitud de mercado.
En la cochera de Entre Ríos al 500 tampoco hay lugar. “De cochera fija mensual ni hablar. No queda nada” comenta el encargado de turno. “Sólo le puedo ofrecer móviles por $250”. Ante la pregunta de si hay demanda de lugares, Juan contesta que “si, mucha gente busca un lugar fijo, pero los que están ya son clientes viejos, vecinos, que no mueven el auto de acá”. Ante tantos edificios nuevos y la mudanza de otras tantas familias al microcentro, cabe preguntarse si las cocheras de dichos edificios alcanzarán para los autos que recaerán en esa zona.
Si se decide adquirir una cochera de por vida, deberá tenerse en cuenta que el valor actual de esos 12 metros cuadrados, que alguna vez cotizaban tan bajo que hasta se prestaban sin cargo, alcanzan valores de miles de dólares.
Carlos Sacco es propietario de la inmobiliaria que lleva su nombre y posee en su carpeta de ofertas varias cocheras en edificios del centro de la ciudad. “Hoy una cochera puede conseguirse desde los 10000 dólares, hasta los 15000, dependiendo del lugar en que se encuentre el edificio o de la comodidad para acceder al auto. A ello debe sumarse el porcentaje de comisión del agente inmobiliario, los gastos de escrituración y los gastos mensuales por expensas al edificio que puede redondearse en unos 100 pesos”, acercaba cifras Sacco.
Hay lugares más críticos que otros en la ciudad, como la calle Wheelwright o San Lorenzo y Oroño, donde hay mucha oferta de viviendas y pocos garajes. En abril del año pasado, el Consejo Deliberante promulgó una ordenanza por la cual se obliga a hacer una cochera cada cinco departamentos de más de 40 metros cuadrados y está basada en la presunción de que los monoambientes son habitados por gente sin vehículo. Pero algunos especialistas en urbanismo consideran que la medida llegó un poco tarde y que deberían alentarse la construcción de playas de estacionamiento subterráneas o de edificios para guardar autos.
En muchos barrios de la ciudad el estacionamiento también es un problema, aunque con características muy distintas. Más allá del crecimiento del parque automotor, lo que más influye en la resistencia de los vecinos a dejar sus autos en la calle, es el miedo al robo o vandalismo.En esos sectores el problema también está librado a la reacción del mercado, y la demanda también va en aumento. Galpones donde había pequeñas fábricas, e incluso patios y jardines son reciclados como pequeñas playas de estacionamiento para cuatro o cinco vehículos, con lo cual el problema termina generando un servicio y un rebusque al mismo tiempo, aunque tal vez eso no alcance a llamarse solución.
Hay muchos ingredientes que contribuyeron a elevar el valor de los 12 metros cuadrados, sin embargo, esto va más allá del juego de oferta y demanda, como históricamente se lo trató en Rosario. Al parecer, estacionar (o no) se convertirá en algo que la ciudad deberá tratar como un problema en común, más allá de intereses o iniciativas particulares.

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¿VUELVEN LOS RADARES?

No hay más radares que controlen las rutas en la provincia. Es que después de tanta queja y tanto reclamo, desde el mes de julio se encuentran suspendidos y a la espera de que desde el gobierno provincial se implemente un sistema de control que, aseguran, será más garantista y evitará que se produzcan los errores que se venían cometiendo.
Desde que 16 comunas de toda la provincia comenzaron a utilizar los radares, o cinemómetros, según su nombre técnico, no dejaron de escucharse miles de quejas que llegaron incluso a la Defensoría del Pueblo de la provincia, donde se denunciaba un claro fin recaudatorio de su uso.
Además, los reclamos ponían énfasis en irregularidades técnicas que presentaban los radares móviles, con fotos borrosas, llegando incluso a situaciones anecdóticas como el caso del productor agropecuario que recibió una notificación por haber circulado con su tractor por la ruta del pueblo a 700 kilómetros por hora.
Es claro que se necesita un control vial serio y eficaz. Santa Fe posee, según la asociación civil Luchemos por la Vida, el segundo lugar del país en el triste ranking de provincias con más muertes por accidentes viales. Durante el año 2007, 707 personas murieron en rutas santafesinas. El 58 por ciento de los siniestros se produce en la red troncal de las rutas nacionales, en especial en la 11, la 34 y la 9. Las rutas provinciales con más accidentes son la 1 y la 21. Las edades promedio más afectadas son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 30 años, y la mayor cantidad de hechos se produce en momentos de ocio: fines de semana, Semana Santa, vacaciones de verano e invierno.
El primer lugar lo ocupa la Provincia de Buenos Aires, que obviamente por la cantidad de población y el parque automotor ocupa la primera posición en este sentido.
En la mayoría de las rutas importantes de nuestra provincia están enclavadas localidades y ciudades que generan un movimiento urbano riesgoso debido a que esas rutas pasan directamente, en la mayoría de los casos, por el ejido urbano y muchas veces atravesándolas directamente por el medio. Esto debido a un trazado que seguramente no previó ni la cantidad de vehículos ni la velocidad que los coches desarrollarían en un futuro (ni tampoco quienes ni como seríamos los conductores del futuro).
Si todos transitáramos por zonas urbanas que son atravesadas por rutas a la velocidad que está indicada y reglamentada (60 km/h) pero que por sobre todas las cosas mas allá de la reglamentación lo indica el sentido común de la conducción, no serían necesarios ni los radares ni otro sistema de regulación de velocidad. El sentido común en la conducción señala que no podemos pasar a 100 o 120 km/h por un lugar donde existe un movimiento urbano de importancia, con chicos en edad escolar que deben cruzar la ruta para ir a la escuela que está del otro lado del pueblo, personas que para desarrollar su actividad diaria tienen que cruzar varias veces por día para un lado y otro de una ruta, vehículos que pueden aparecer por cualquiera de las calles urbanas que desembocan en las rutas, etc. La triste lista de los accidentes de tránsito nos indican la realidad de este tipo de siniestros que enlutan a familias de pueblos y ciudades.
Tampoco podemos realizar el sobrepaso a otros vehículos en las zonas urbanas donde existe señalización horizontal que lo prohíbe (doble línea amarilla) porque precisamente por todo ese movimiento que genera la urbanización, se pueden producir accidentes. Este es un punto verdaderamente preocupante debido a la gran cantidad de conductores que hacen caso omiso a esa señalización y realizan el sobrepaso con toda tranquilidad poniendo en serio riesgo su vida y la de los demás. Deténgase el lector cinco minutos en alguna zona urbana atravesada por una ruta y observe la cantidad de vehículos que realizan esta peligrosa maniobra. No le alcanzarán los dedos de las manos para contar los conductores que realizan el sobrepaso con doble línea amarilla.
A mediados de año, el gobierno provincial creó a la Agencia Provincial de Seguridad Vial que arrancó sin presupuesto asignado. Esto condicionó de arranque a la Agencia que aspiraba a conformar un cuerpo profesionalizado de agentes de seguridad vial.
Hebe Marcogliese, la directora de la Agencia, ha reconocido que recibieron incontables reclamos por irregularidades técnicas y administrativas originadas en el uso de los radares, y hasta que no se mejore el sistema, han decidido sacarlos de funcionamiento.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia es otro de los interesados en el tema, ya que esos reclamos han ido a parar a sus oficinas repartidas en distintas localidades santafesinas. Ya en diciembre de 2007 el organismo había emitido la Resolución 277 “Aplicación adecuada de los controles de tránsito por radar” donde se le informaba al Ministro de la Producción, área a la que corresponde la Subsecretaría de Transporte, de los abusos cometidos por quienes llevaban a cabo los controles.
Entre los considerandos de la resolución , se denunciaba que “ha quedado en evidencia el reiterado proceder irregular por parte de las comunas y municipios, siendo el denominador común: Falta de notificación fehaciente al conductor, desconocimiento de los derechos de defensa, exceso de tiempo transcurrido entre la supuesta infracción y su notificación, irregularidades estas que afectan sustancialmente el derecho de defensa tornándose inútil la finalidad primordial, en cuanto a que las infracciones sólo tienen una finalidad recaudatoria y pecuniaria dejando de lado la finalidad de prevenir y crear conciencia ciudadana.”
La Resolución, firmada por Carlos Bermúdez, también hacía caer parte de las responsabilidades en el gobierno provincial, ya que “por su parte, la Subsecretaría de Transportes de la Provincia de Santa Fe no ha propiciado ni instrumentado medida alguna para modificar el accionar irregular de las municipalidades y comunas involucradas. Asimismo, tampoco se ha dictado norma alguna que establezca una escala justa respecto del monto de la multas a aplicar, lo que hace más nítida la arbitrariedad de actuar en el tema y el cariz netamente recaudatorio del sistema”.
También se dejaba en evidencia las irregularidades de forma o administrativas, ya que “subsisten comunas y municipios que sancionan infracciones sin estar autorizadas por el órgano de aplicación, e incluso casos en que dos comunas distintas emiten actas de infracción supuestamente realizadas el mismo día y hora”.
Ante este panorama que volvía a cada conductor que circulara por las rutas de nuestra provincia en una posible víctima, resulta comprensible que se haya suspendido su aplicación. Así se desprende del último reporte oficial dado a conocer por la Agencia de Seguridad Vial, que informó que a la fecha no hay mecanismo (cinemómetros) autorizados para el uso en contralor de tráfico terrestre por rutas nacionales que atraviesen el territorio santafesino.
Ello implica que ningún municipio o comuna posee habilitación para disponer tales controles y por ende para librar infracciones basados en su uso. Únicamente el municipio de Venado Tuerto y la comuna de Chabás están autorizados a efectuar controles en rutas nacionales a través de sus inspectores, sin radar alguno.Para Marcogliese, a fin de año volverían los controles con la supervisión de su Agencia. Pero puede haber más novedades en este tema ya que la funcionaria es partidaria de la vuelta de radares móviles, algo que está expresamente prohibido por ley. La ley 12217, reglamentada a principios de 2004 establece en su artículo 1º la prohibición terminante de instalar los radares que no sean fijos. “Habrá que cambiar la ley que está vigente, está demostrado que no es efectivo, en algunos casos hay que anunciarlo, pero en otros tiene que ser sorpresivo y las multas elevadas para que los conductores manejen a velocidades lógicas”, señalo tiempo atrás, para después agregar que también habrá que cambiar “el sistema de juzgamiento de las faltas para que el infractor pueda ejercer su derecho a defensa y no sea un instrumento recaudatorio de los municipios y comunas

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ENTENDISTE LO DE LAS AFJP??

Poner fin a las AFJP es una medida trascendente para que el Estado pueda cumplir con sus tareas fundamentales. Para ello se debe tocar al poder financiero. Como se sabe, nunca es buen momento para afectar esos intereses, ya sea porque la economía está creciendo y no hay que perturbar las expectativas o ya sea porque existe una crisis y se corre el riesgo de agudizarla. De esa forma, desde hace varias décadas esa lógica extorsiva ha vuelto intocable al poder financiero.
Si existe una medida que busca avanzar sobre el poder financiero, la reconstrucción del sistema previsional, la previsibilidad de las jubilaciones y la justicia distributiva es la de terminar con las AFJP. Lo que está en discusión no es un determinado gobierno, sino el rescate del sistema de seguridad social que excede a una administración. Esta, la próxima, que puede ser de otro color político, y las sucesivas podrán manejar un régimen jubilatorio que ya no será un botín de la asociación de financistas & afines.
El concepto de cuentas personales con el aporte previsional del trabajador, descontada una elevada comisión cobrada por las AFJP, se convierte en una de las batallas culturales más fuerte. La idea de la salvación individual acumulando fondos en una cuenta de una empresa financiera ha sido la gran obra maestra del neoliberalismo.
El fin de las AFJP se adelanta a ese descampado previsional, que ya se vislumbra con los actuales jubilados privados. Del total de 445 mil que existen en la actualidad, casi el 80 por ciento requiere de algún tipo de asistencia del sector público para alcanzar un haber mínimo, con 33 mil jubilados que ya tienen su cuenta individual consumida. Se expone así con contundencia la falsa idea de la salvación individual: el Estado, por el deber indelegable de garantizar derechos sociales esenciales, como bien exige la sociedad y la opinión mediática, conjura para los trabajadores el desierto previsional que le esperaría con las AFJP. Leer más...

NO ANALICEMOS

Justo cuando estaba por ponerme a escribir mi opinión sobre la crisis financiera mundial, me encuentro con esta nota de Reynaldo Sietecase. Me dí cuenta que todo lo que queria decir, yá lo había escrito él,....


"¿Se cae el Imperio? ¿Eso es bueno o malo? ¿Por qué no podemos celebrar la crisis del capitalismo sin que nos califiquen de irresponsables o ignorantes? ¿Por qué tenemos que preocuparnos cuando las Bolsas cierran en baja, si cuando las acciones suben eso no tiene ninguna influencia en nuestras vidas? ¿Por qué el gobierno norteamericano invirtió 700 mil millones de dólares para salvar a banqueros irresponsables y corruptos en lugar de aplicar el dinero público a proteger a los damnificados? ¿No era que la mano invisible del mercado lo arreglaba todo? George Bush se convirtió en el líder que realizó la mayor intervención estatal de la historia. ¿Eso lo convierte en un héroe del socialismo real? ¿Por qué los miles y miles de ciudadanos norteamericanos víctimas de los manejos financieros y de la irresponsabilidad del gobierno no salen a pedir “que se vayan todos”? En la novela negra norteamericana, muchas veces, se puede determinar quién es el autor de un crimen investigando a aquel los que se beneficiaron con el delito. ¿Por qué no se investiga a los que ganan con esta crisis, por ejemplo a los que compran los bancos quebrados? ¿Por qué al grueso de la sociedad norteamericana le cuesta tanto asociar las aventuras expansionistas y los gastos militares con la hecatombe económica? ¿Por qué no se mide el índice de riesgo país de los Estados Unidos?


¿Por qué todos corren a comprar dólares para resguardar sus ahorros, si el país donde nace la crisis es el emisor de esos billetes?


¿Por qué nadie reconoce que la crisis se potenció por el incentivo demencial al consumo que lanzó sobre los ciudadanos norteamericanos y que fue financiado por las hipotecas basura?


¿Será porque la creación ficticia de necesidades donde éstas no existen se convirtió en la esencia misma del sistema?


¿Por qué Domingo Felipe Cavallo da lecciones de Economía y sugiere salidas para la coyuntura mundial?


¿Por qué la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, critica a los organismos de crédito internacional, pero anuncia que les pagará puntualmente a los acreedores externos?


¿Cuál es el paradero del ministro de Economía de la Argentina? Una ayuda: es un señor de barba, de apellido Fernández.


¿Por qué los países de América Latina tienen que compartir las pérdidas de la debacle de los países centrales si nunca fueron partícipes de las ganancias?


¿Por qué la región –con excedentes alimentarios, autosuficiencia industrial, recursos humanos calificados, mano de obra y recursos naturales abundantes– no puede convertir esta crisis mundial en una oportunidad?


¿Por qué es tan difícil para los países sudamericanos articular una estrategia común? Coordinar, por ejemplo, cómo defender la producción nacional, los puestos de trabajo y los intereses de los que menos tienen.


¿La Unión Sudamericana de Naciones sólo funciona cuando peligra la democracia en algún país? El gran Tato Bores, en algunos de sus memorables monólogos, se atrevía a sugerir: “Si quieren ser felices no analicen”." Leer más...

EL EJEMPLO DEL MATE

Seguramente el lector será uno de los tantos que se sienta a leer acompañado de un mate. Puede que quizás haya advertido que el paquete de yerba que consume tiene adherida una estampilla azul o roja que posee la sigla INYM. Si alguna vez se preguntó porqué el paquete traía ese estampillado querrá saber que es una muestra de cómo el Estado y los actores involucrados en la producción, de yerba mate, en este caso, pueden consensuar y adoptar decisiones que permitan que todos los sectores ganen sin perjudicarse, ni acaparar ambiciosamente ganancias extraordinarias perjudicando al resto de la población.
Los argentinos somos los principales consumidores y productores del mundo de esta infusión y esto se debió a una iniciativa del Estado, que allá por las primeras décadas del siglo pasado decidió promover este cultivo y asegurar la presencia en las fronteras de Misiones y Corrientes.
De esa intervención estatal surgió la Comisión Reguladora de la Yerba Mate que promovió la producción local alcanzándose a cubrir, en pocos años, el consumo total del país que era abastecido por Brasil.
Llegada la década del 90, no hubo sector que se salvara del paso devastador del neoliberalismo y el mercado yerbatero no fue la excepción. Fue en 1991 cuando el entonces presidente Carlos Menem dicta el decreto que consagra la desregulación de la actividad.
Tal como se especulaba con la medida adoptada, el mercado comenzó a imponer condiciones en detrimento de los eslabones más débiles de la cadena productiva. Por un lado estaban las grandes industrias molineras, (Molinos Río de la Plata y Las Marías entre otras), que concentraban el 70 por ciento de las ventas totales. Por el otro, los miles de microproductores que cultivan campos que rondan entre las 5 y 20 hectáreas.
Mientras las grandes empresas crecieron con el proceso de desregulación, y algunas lograron extender la frontera de comercialización de sus productos hasta lejanos países como Siria, a los pequeños productores se les hacía imposible competir dada la desigualdad relación de fuerzas, sufriendo una caída en los precios de la materia prima debido al exceso de porcentaje de palo por kilogramo sin control bromatológico, lo que aumentó el volumen de la yerba, produciendo una saturación del mercado, con la consecuente pérdida de rentabilidad.
Antes de la desregulación, el sector productivo se quedaba con el 30 por ciento del precio que el consumidor pagaba en la góndola. En los 90, la participación se redujo al 9 por ciento. Sin embargo, los menores costos no se tradujeron en un menor precio para los consumidores, ya que la diferencia pasó a engrosar las ganancias de los molinos yerbateros y de los hipermercados que se encuentran en el otro extremo de la cadena.
A mediados del 2001 comenzó una etapa de protestas por parte de los productores yerbateros que culminaron en un acampe en la plaza central de Posadas. Como consecuencia de esta lucha se sanciona la ley 25564 creándose el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) con el fin de promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de la yerba mate y derivados en sus diferentes modalidades de consumo y usos, procurando la sustentabilidad de los distintos sectores involucrados en la actividad.
El nuevo ente regulador está compuesto por representantes nacionales, de las provincias productoras, del sector industrial, de los productores primarios, de las cooperativas agrícolas, como así también de los trabajadores rurales que prestan servicios en el sector yerbatero.
Entre las facultades del INYM, está la de establecer semestralmente el precio de la materia prima. Para el período comprendido entre los meses abril a setiembre de 2008, la resolución 9/08 establece un precio de $ 0.52 por kilo de hoja verde puesta en secadero, y de $ 2 por kilo de yerba canchada (triturada).
Un informe elaborado por la Cámara de Molineros de Yerba Mate de la Zona Productora (CMYMZP) señala que desde la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, en 2002, la hoja verde y la canchada lograron una sustancial mejora de su cotización. Al mismo tiempo, el trabajo aclara que el sector industrial cuenta con la menor participación sobre el valor de cada kilo de yerba mate que se comercializa en las góndolas. A partir de los precios que fija semestralmente el INYM, la Cámara de Molineros desarrolló un cuadro comparativo donde se consigna que en junio 2002 el kilo de hoja verde se pagaba -en el mejor de los casos, $0,08 mientras que en marzo de 2.008 el valor oficial ascendió a $0,52, lo que implica un incremento del 550%.Algo similar ocurrió con la canchada, ya que en junio del 2002 su precio por kilo era de $0,35, llegando a marzo del año en curso a los $2,00; es decir, una mejora del 471%.En lo que se refiere a la participación de la industria, la misma creció solo un 5%: en junio del 2002 eran de $0,94 y alcanzó $0,99 en marzo pasado.De esta manera – señala el informe de la CMYMZP- se llega a un precio de la yerba mate a salida de industria que pasó de $1,29 en junio del 2.002 a $ 2,99 en marzo del 2.008; es decir que el incremento fue del 131%.
Si el lector matero ha estado atento durante los más de cien días que lleva el conflicto agropecuario, habrá podido notar que las peticiones de los productores comenzaron por las retenciones y se fueron extendiendo a otros temas tales como la lechería, la carne y el arroz. La yerba nunca fue tema de reclamo alguno dada la coordinación que se dá desde el INYM a toda la cadena productiva. El consenso predomina sobre las ambiciones sectoriales de obtener máximas ganancias.
A partir de un esquema basado en un precio promedio de $ 5,00 para un kilo de yerba mate puesta en góndola, el informe elaborado por la CMYMZP detalla la participación de la cadena productiva y comercial. En ese sentido, se consigna que el sector primario participan con un 40% (productor, cosecha y secanza), el molino con el 17,70% (estacionamiento de un año, costos financieros, seguro, mano de obra, envases, estampillado fiscal, retenciones, administración, transporte a planta y destino, energía, publicidad, logística y gastos generales), la comercialización con el 21,80% (canales mayoristas y minoristas) y el Estado con el 20,50% (IVA, Ingresos Brutos, impuesto al cheque y tasas municipales).
Recrear la Junta Nacional de Granos, la de Carnes, la Dirección Nacional de Azúcar, o el Fondo Promotor de la actividad Lechera, son decisiones que deben tomarse para que en esas instituciones se vean representados todos los protagonistas de cada actividad, y de esa forma poder volver a contar con proyectos y herramientas que permitan intervenir en apoyo de los pequeños y medianos productores que tanto lo necesitan.

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DESERCION UNIVERSITARIA

Alrededor de un 60 por ciento de los estudiantes que cada año ingresan a las universidades del país abandonan su carrera en primer año, un porcentaje menor, pero todavía importante lo hacen en el segundo año. Algunos de esos estudiantes cambian de carrera, la mayoría abandonan sus estudios. Se señalan diversas causas de ese tan alto nivel de fracaso. Algunas son externas a la universidad: los problemas socioeconómicos, las deficiencias de formación que se arrastran de los niveles anteriores de la educación, la falta de adecuada orientación vocacional, entre otras. Pero también existen causas que son propias del sistema universitario. Las peores condiciones para el aprendizaje se dan muchas veces en los primeros años. Incluso en carreras y universidades que no tienen problemas de masividad, los cursos de los primeros años suelen ser multitudinarios. Los recursos, en general escasos, lo son aún más (laboratorios, acceso a equipos de computación, disponibilidad de bibliografía, etc.), las modalidades pedagógicas no necesariamente están preparadas para ayudar a los estudiantes en esa difícil transición que es el acceso a la educación superior. Los diseños curriculares tienen estructura tubular y no permiten canalizar decisiones de cambio de carrera de manera no traumática, teniendo generalmente que empezar de nuevo luego de arduos trámites para cambiar de carrera.Nuestro país necesita, en una estrategia de desarrollo y de mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, muchas más personas con más formación, y no puede desperdiciar las ganas de estudiar de tantos jóvenes.
El fenómeno preocupa desde hace tiempo a las autoridades universitarias, que, sin embargo, en general, carecen de cifras que reflejen el problema. La novedad es el crecimiento del abandono de las aulas por causa de la desilusión acerca de la carrera elegida, a la que muchas veces los estudiantes llegan guiados por preconceptos y sin información. Se suman las dificultades económicas, que hacen que gran parte de los alumnos deba trabajar y debe privilegiar esa actividad por sobre la carrera.
Para las universidades, la pérdida de estudiantes implica un malgasto de recursos en tiempos de presupuestos magros.
Los especialistas aseguran que la ausencia de orientación vocacional en la escuela media y la falta de un acompañamiento en la transición a la universidad contribuyen al problema, tanto como la rigidez de los planes de estudio y de las instituciones universitarias, que no permiten fácilmente los cambios de carrera.
En la Universidad Nacional de Rosario, uno de cada cuatro alumnos que se inscriben en alguna carrera de sus facultades, terminarán dejando de asistir a clases.
Para Claudio López, de la Secretaría Académica de la alta casa de estudios, “el abandono de una carrera tiene varias explicaciones. La mitad de los alumnos de la UNR no es de Rosario. Y además de las dificultades naturales de comenzar un estudio universitario pesan el trasplante a un medio que inicialmente puede resultar hostil, y exigencias económicas adicionales en traslado y alquiler".
"Estudiar en la universidad estatal no es gratis, porque el transporte, los libros y hasta las fotocopias tienen costo", indicó López, y agregó: "Muchas carreras son incompatibles con un trabajo de ocho horas, a veces hay que optar por una u otra cosa. Pero no todas las familias pueden costear los estudios de sus hijos ni todos los alumnos resignar un sueldo hasta recibirse".
Estudiantes no reinscriptos son quienes venían cursando alguna carrera pero, por razones no especificadas, la interrumpen. El último boletín estadístico de la UNR, que analiza datos de 2006, dice que del total de 72.398 alumnos que concurren a las 12 facultades, ese año se reinscribieron 58.803 mientras que 14.903 no continuaron. Un abandono del 25 por ciento.
Lorena se inscribió este año en Ciencias Económicas, y arrancó a cursar el cuatrimestre con ganas, pero las dificultades que se le fueron presentando para manejar los horarios de clases y los de su trabajo, además de no siempre contar con alguien que cuide de su hijo, inclinaron la balanza hacia la deserción.
“Yo necesito trabajar para poder vivir, y tuve que anteponerlo a los estudios. Me dolió mucho, pero tuve que dejar de ir a la facu”, contó la ex estudiante, con cierta desazón en las palabras.
El 59% de los jóvenes argentinos de entre 18 y 24 años accede a la enseñanza superior, según datos del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América latina y el Caribe (IESALC). En la región la media es del 32%, muy lejos del 50% de algunos países desarrollados y del 80% que alcanzan las naciones nórdicas, por ejemplo.
También aparece otro problema: el 25% de los alumnos de las universidades públicas se reinscribe en la facultad sin haber aprobado al menos una materia durante el año anterior. En las privadas, esa tasa baja al 20%. Esta tendencia se focaliza principalmente en el curso de ingreso o durante los primeros años de las distintas carreras. Y es determinante en el abandono o retardo del estudiante.
En todos los casos alcanzar la meta propuesta, y lograr la graduación resulta sumamente difícil. Son necesarias condiciones individuales y sociales que no siempre los estudiantes pueden desarrollar. Las elevadas tasas de deserción indican la necesidad de establecer nuevos programas y destinar más recursos que permitan retener estudiantes en el sistema educativo, considerando la importancia del retorno social y económico de los recursos invertidos.
Son bastante elevados los costos sociales y económicos ocasionados por la deserción en el ámbito universitario. Además, los ingresos que dejan de percibir durante la vida activa cuando se abandonan los estudios sin concretar la graduación significan una pérdida no sólo en lo personal y lo social, sino que también perjudica el
crecimiento del país.
Sin embargo, las políticas educacionales destinadas a fomentar la retención de los estudiantes en las aulas en los distintos niveles deben estar acompañadas por una dinámica de generación de empleos de calidad. Debe existir una estrecha relación entre la oferta de carreras y las necesidades del país o la región, de manera tal que la universidad favorezca en forma inteligente el crecimiento y las necesidades del país. De la misma manera, el Estado deben planificar los recursos humanos que necesita y brindar una adecuada protección social que permita absorber productivamente las mayores calificaciones ofrecidas.

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LA DEUDA DE NUNCA ACABAR

El anuncio que realizó esta semana la Presidenta vuelve a poner en el tapete al remanido tema del pago de la deuda. A la ya conocida decisión de abonarle lo que se le debe al Club de París, debe sumarse ahora la reapertura del canje de bonos que, a propuesta de los bancos acreedores, el Gobierno seguramente implementará.
Los tres bancos son el Deutsche, el Citi y el Barclays, que, representando a los bonistas que no entraron en el canje del año 2005, hicieron una propuesta para saldar la deuda con un esquema de refinanciación de los vencimientos que ya se veían amenazadores para los próximos dos años.
En total se trata de una operación de casi 33 mil millones de dólares: 18800 millones de los holdouts (los que no entraron en el canje anterior) y 14 mil millones de préstamos garantizados (unos bonos que Cavallo forzó a comprar a los bancos y a las AFJP en 2001). Algunos datos que han trascendido hacen ver a la oportunidad como buena para el Estado argentino ya que el nuevo canje incluiría una quita del 66 por ciento y el vencimiento se trasladaría al 2033. Es decir, que por cada 1000 dólares que se presenten a canjear, la Argentina pagará 340. Los intereses corridos entre 2003 y 2005, que antes se pagaron en efectivo, también se hará en bonos con la quita del 66 por ciento. Y la comisión de los bancos participantes será pagada por los tenedores de bonos. Esto último no es un dato menor, ya que en 2005 la pagó nuestro país, y se estima que los honorarios rondarán esta vez los 1500 millones de dólares.
El anuncio se encuadra en la estrategia del Gobierno de dar señales a los mercados de capitales de que se cumplirán los compromisos y de esta forma tratar de reinsertar al país y a las empresas argentinas en la posibilidad de obtención de créditos e inversiones.
Las medidas también apuntan por elevación a tratar de parar los juicios que se llevan adelante en Nueva York por parte de los fondos buitres que lograron embargar cuentas del Banco Nación en el exterior, y que pusieron en su momento limitaciones al avión presidencial Tango 01, ya que si aterrizaba en alguna jurisdicción comprometedora, corría el riesgo de quedar embargado e inmovilizado. De abrirse un nuevo canje, tal como venía solicitando el juzgado actuante, los que no ingresen a esta nueva oportunidad, quedarán sin argumentos para seguir litigando contra el país.
Lo que queda por analizar es si es oportuno adoptar la medida en medio de la peor crisis financiera mundial de los últimos tiempos. En un momento global de incertidumbre y con caídas de títulos, pareciera ser un momento de debilidad de los acreedores pero el pago, por sí solo, no resolverá el ingreso de nuevas inversiones. Hasta que no calme la tormenta, nadie invertiría grandes sumas en escenarios poco estables.
La administración de la Presidenta piensa que deben adelantarse y quedar en una posición mejor que otros países para que, cuando vuelva la calma y los inversores comiencen a evaluar adonde llevan sus fondos, el país resulte “un sitio atractivo”.
Puede correrse el riesgo de que con la actual crisis internacional, la política de desendeudamiento tomado como estrategia por parte del Gobierno, se convierta simplemente en un gesto de “buena letra” para el corto plazo. Dejando sin fundamento la teoría de que comenzarán a recibirse inversiones que ayuden a que no decaiga la actividad económica. Los operadores internacionales aún no ven al país como seguro, y ciertamente, la economía mundial puede seguir su curso sin tener en cuenta a la Argentina.
Por lo pronto, el tema vuelve a otorgarle protagonismo a un Congreso que, desde aquellas largas jornadas de debate parlamentario donde el tema central eran las retenciones al agro, pareciera haberse despertado de la siesta provinciana en la que estaba inserto.
Es que la ley de Deuda Pública, llamada también Ley Cerrojo y sancionada en 2005, prohíbe pagarles a los bonistas que no entraron en el canje. Por lo tanto, para que la propuesta avance, debe ser derogada. Y si se deroga, también debe ser el Congreso el que acepte o no el pago a los llamados holdouts.
Un nuevo capítulo se escribe a partir de la historia de la deuda. Una historia de nunca acabar. Pero que deja postergada una vez más, la cancelación de la otra deuda. Aquella que se tiene con los sectores más postergados, como los que siguen trabajando en negro y a los que no les llegan los aumentos en el salario familiar, o aquellos que aún continúan bajo una línea de pobreza que mes a mes excluye a más argentinos.
Á esa otra deuda, aún le falta por escribir su capítulo.

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REHENES

Después de 21 días de paro agropecuario, quedan flotando en el aire varios interrogantes a los cuales se deberá estar atento, para ver cómo se van dilucidando en las próximas semanas.
Uno de ellos, y cómo responsabilidad principal del Gobierno, deberá ser la implementación de medidas que formen parte de un Plan Agrícola Integral que tenga en cuenta a los distintos grupos de productores que conforman “el campo”, y que tienda a asistir a los más pequeños, como así también a los que se encuentran en las zonas más marginales del país.
Por otra parte, y desde la vereda del consumidor de a pié, sin 4 x 4 alguna, este conflicto le ha producido un considerable desequilibrio en su presupuesto al afrontar una escalada de precios producto del desabastecimiento y la especulación por parte de los mayoristas.
Zanahorias a 8 pesos, o supremas de pollo a 18 pesos el kilo, son valores absurdos que deben servir como punto de partida hacia un debate que se centre en los alimentos y sus márgenes de ganancia.
¿Cuánto deben valer los comestibles? ¿Cuáles son los porcentajes de ganancia que le aplica la cadena de comercialización a los productos alimenticios?
El consumidor, que pagó por estos días lo que le pedían ante la falta de sustitutos, otorgó argumentos a aquellos que no limitan ambiciones para alcanzar el máximo beneficio posible, y que advirtieron que la población podía desembolsillar más por aquellos productos que le son indispensables.
Ante los elevadísimos precios alcanzados, es de esperar que vuelvan a sus valores anteriores al inicio del paro, pero ¿quién asegura que el retroceso de los precios sea uniforme y no queden algunos estacionados en la cima?
El Gobierno hace meses que viene fallando en su intento de contener la inflación. Es tiempo de que actúe rápidamente para normalizar este conflicto que ha mantenido a la población en calidad de rehén y que observó por TV cómo los grupos de poder pueden pretender hacer prevalecer sus privilegios a costa de que queden vacías las mesas de todos los argentinos. Leer más...