No hay más radares que controlen las rutas en la provincia. Es que después de tanta queja y tanto reclamo, desde el mes de julio se encuentran suspendidos y a la espera de que desde el gobierno provincial se implemente un sistema de control que, aseguran, será más garantista y evitará que se produzcan los errores que se venían cometiendo.
Desde que 16 comunas de toda la provincia comenzaron a utilizar los radares, o cinemómetros, según su nombre técnico, no dejaron de escucharse miles de quejas que llegaron incluso a la Defensoría del Pueblo de la provincia, donde se denunciaba un claro fin recaudatorio de su uso.
Además, los reclamos ponían énfasis en irregularidades técnicas que presentaban los radares móviles, con fotos borrosas, llegando incluso a situaciones anecdóticas como el caso del productor agropecuario que recibió una notificación por haber circulado con su tractor por la ruta del pueblo a 700 kilómetros por hora.
Es claro que se necesita un control vial serio y eficaz. Santa Fe posee, según la asociación civil Luchemos por la Vida, el segundo lugar del país en el triste ranking de provincias con más muertes por accidentes viales. Durante el año 2007, 707 personas murieron en rutas santafesinas. El 58 por ciento de los siniestros se produce en la red troncal de las rutas nacionales, en especial en la 11, la 34 y la 9. Las rutas provinciales con más accidentes son la 1 y la 21. Las edades promedio más afectadas son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 30 años, y la mayor cantidad de hechos se produce en momentos de ocio: fines de semana, Semana Santa, vacaciones de verano e invierno.
El primer lugar lo ocupa la Provincia de Buenos Aires, que obviamente por la cantidad de población y el parque automotor ocupa la primera posición en este sentido.
En la mayoría de las rutas importantes de nuestra provincia están enclavadas localidades y ciudades que generan un movimiento urbano riesgoso debido a que esas rutas pasan directamente, en la mayoría de los casos, por el ejido urbano y muchas veces atravesándolas directamente por el medio. Esto debido a un trazado que seguramente no previó ni la cantidad de vehículos ni la velocidad que los coches desarrollarían en un futuro (ni tampoco quienes ni como seríamos los conductores del futuro).
Si todos transitáramos por zonas urbanas que son atravesadas por rutas a la velocidad que está indicada y reglamentada (60 km/h) pero que por sobre todas las cosas mas allá de la reglamentación lo indica el sentido común de la conducción, no serían necesarios ni los radares ni otro sistema de regulación de velocidad. El sentido común en la conducción señala que no podemos pasar a 100 o 120 km/h por un lugar donde existe un movimiento urbano de importancia, con chicos en edad escolar que deben cruzar la ruta para ir a la escuela que está del otro lado del pueblo, personas que para desarrollar su actividad diaria tienen que cruzar varias veces por día para un lado y otro de una ruta, vehículos que pueden aparecer por cualquiera de las calles urbanas que desembocan en las rutas, etc. La triste lista de los accidentes de tránsito nos indican la realidad de este tipo de siniestros que enlutan a familias de pueblos y ciudades.
Tampoco podemos realizar el sobrepaso a otros vehículos en las zonas urbanas donde existe señalización horizontal que lo prohíbe (doble línea amarilla) porque precisamente por todo ese movimiento que genera la urbanización, se pueden producir accidentes. Este es un punto verdaderamente preocupante debido a la gran cantidad de conductores que hacen caso omiso a esa señalización y realizan el sobrepaso con toda tranquilidad poniendo en serio riesgo su vida y la de los demás. Deténgase el lector cinco minutos en alguna zona urbana atravesada por una ruta y observe la cantidad de vehículos que realizan esta peligrosa maniobra. No le alcanzarán los dedos de las manos para contar los conductores que realizan el sobrepaso con doble línea amarilla.
A mediados de año, el gobierno provincial creó a la Agencia Provincial de Seguridad Vial que arrancó sin presupuesto asignado. Esto condicionó de arranque a la Agencia que aspiraba a conformar un cuerpo profesionalizado de agentes de seguridad vial.
Hebe Marcogliese, la directora de la Agencia, ha reconocido que recibieron incontables reclamos por irregularidades técnicas y administrativas originadas en el uso de los radares, y hasta que no se mejore el sistema, han decidido sacarlos de funcionamiento.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia es otro de los interesados en el tema, ya que esos reclamos han ido a parar a sus oficinas repartidas en distintas localidades santafesinas. Ya en diciembre de 2007 el organismo había emitido la Resolución 277 “Aplicación adecuada de los controles de tránsito por radar” donde se le informaba al Ministro de la Producción, área a la que corresponde la Subsecretaría de Transporte, de los abusos cometidos por quienes llevaban a cabo los controles.
Entre los considerandos de la resolución , se denunciaba que “ha quedado en evidencia el reiterado proceder irregular por parte de las comunas y municipios, siendo el denominador común: Falta de notificación fehaciente al conductor, desconocimiento de los derechos de defensa, exceso de tiempo transcurrido entre la supuesta infracción y su notificación, irregularidades estas que afectan sustancialmente el derecho de defensa tornándose inútil la finalidad primordial, en cuanto a que las infracciones sólo tienen una finalidad recaudatoria y pecuniaria dejando de lado la finalidad de prevenir y crear conciencia ciudadana.”
La Resolución, firmada por Carlos Bermúdez, también hacía caer parte de las responsabilidades en el gobierno provincial, ya que “por su parte, la Subsecretaría de Transportes de la Provincia de Santa Fe no ha propiciado ni instrumentado medida alguna para modificar el accionar irregular de las municipalidades y comunas involucradas. Asimismo, tampoco se ha dictado norma alguna que establezca una escala justa respecto del monto de la multas a aplicar, lo que hace más nítida la arbitrariedad de actuar en el tema y el cariz netamente recaudatorio del sistema”.
También se dejaba en evidencia las irregularidades de forma o administrativas, ya que “subsisten comunas y municipios que sancionan infracciones sin estar autorizadas por el órgano de aplicación, e incluso casos en que dos comunas distintas emiten actas de infracción supuestamente realizadas el mismo día y hora”.
Ante este panorama que volvía a cada conductor que circulara por las rutas de nuestra provincia en una posible víctima, resulta comprensible que se haya suspendido su aplicación. Así se desprende del último reporte oficial dado a conocer por la Agencia de Seguridad Vial, que informó que a la fecha no hay mecanismo (cinemómetros) autorizados para el uso en contralor de tráfico terrestre por rutas nacionales que atraviesen el territorio santafesino.
Ello implica que ningún municipio o comuna posee habilitación para disponer tales controles y por ende para librar infracciones basados en su uso. Únicamente el municipio de Venado Tuerto y la comuna de Chabás están autorizados a efectuar controles en rutas nacionales a través de sus inspectores, sin radar alguno.Para Marcogliese, a fin de año volverían los controles con la supervisión de su Agencia. Pero puede haber más novedades en este tema ya que la funcionaria es partidaria de la vuelta de radares móviles, algo que está expresamente prohibido por ley. La ley 12217, reglamentada a principios de 2004 establece en su artículo 1º la prohibición terminante de instalar los radares que no sean fijos. “Habrá que cambiar la ley que está vigente, está demostrado que no es efectivo, en algunos casos hay que anunciarlo, pero en otros tiene que ser sorpresivo y las multas elevadas para que los conductores manejen a velocidades lógicas”, señalo tiempo atrás, para después agregar que también habrá que cambiar “el sistema de juzgamiento de las faltas para que el infractor pueda ejercer su derecho a defensa y no sea un instrumento recaudatorio de los municipios y comunas
Desde que 16 comunas de toda la provincia comenzaron a utilizar los radares, o cinemómetros, según su nombre técnico, no dejaron de escucharse miles de quejas que llegaron incluso a la Defensoría del Pueblo de la provincia, donde se denunciaba un claro fin recaudatorio de su uso.
Además, los reclamos ponían énfasis en irregularidades técnicas que presentaban los radares móviles, con fotos borrosas, llegando incluso a situaciones anecdóticas como el caso del productor agropecuario que recibió una notificación por haber circulado con su tractor por la ruta del pueblo a 700 kilómetros por hora.
Es claro que se necesita un control vial serio y eficaz. Santa Fe posee, según la asociación civil Luchemos por la Vida, el segundo lugar del país en el triste ranking de provincias con más muertes por accidentes viales. Durante el año 2007, 707 personas murieron en rutas santafesinas. El 58 por ciento de los siniestros se produce en la red troncal de las rutas nacionales, en especial en la 11, la 34 y la 9. Las rutas provinciales con más accidentes son la 1 y la 21. Las edades promedio más afectadas son adolescentes y jóvenes de entre 15 y 30 años, y la mayor cantidad de hechos se produce en momentos de ocio: fines de semana, Semana Santa, vacaciones de verano e invierno.
El primer lugar lo ocupa la Provincia de Buenos Aires, que obviamente por la cantidad de población y el parque automotor ocupa la primera posición en este sentido.
En la mayoría de las rutas importantes de nuestra provincia están enclavadas localidades y ciudades que generan un movimiento urbano riesgoso debido a que esas rutas pasan directamente, en la mayoría de los casos, por el ejido urbano y muchas veces atravesándolas directamente por el medio. Esto debido a un trazado que seguramente no previó ni la cantidad de vehículos ni la velocidad que los coches desarrollarían en un futuro (ni tampoco quienes ni como seríamos los conductores del futuro).
Si todos transitáramos por zonas urbanas que son atravesadas por rutas a la velocidad que está indicada y reglamentada (60 km/h) pero que por sobre todas las cosas mas allá de la reglamentación lo indica el sentido común de la conducción, no serían necesarios ni los radares ni otro sistema de regulación de velocidad. El sentido común en la conducción señala que no podemos pasar a 100 o 120 km/h por un lugar donde existe un movimiento urbano de importancia, con chicos en edad escolar que deben cruzar la ruta para ir a la escuela que está del otro lado del pueblo, personas que para desarrollar su actividad diaria tienen que cruzar varias veces por día para un lado y otro de una ruta, vehículos que pueden aparecer por cualquiera de las calles urbanas que desembocan en las rutas, etc. La triste lista de los accidentes de tránsito nos indican la realidad de este tipo de siniestros que enlutan a familias de pueblos y ciudades.
Tampoco podemos realizar el sobrepaso a otros vehículos en las zonas urbanas donde existe señalización horizontal que lo prohíbe (doble línea amarilla) porque precisamente por todo ese movimiento que genera la urbanización, se pueden producir accidentes. Este es un punto verdaderamente preocupante debido a la gran cantidad de conductores que hacen caso omiso a esa señalización y realizan el sobrepaso con toda tranquilidad poniendo en serio riesgo su vida y la de los demás. Deténgase el lector cinco minutos en alguna zona urbana atravesada por una ruta y observe la cantidad de vehículos que realizan esta peligrosa maniobra. No le alcanzarán los dedos de las manos para contar los conductores que realizan el sobrepaso con doble línea amarilla.
A mediados de año, el gobierno provincial creó a la Agencia Provincial de Seguridad Vial que arrancó sin presupuesto asignado. Esto condicionó de arranque a la Agencia que aspiraba a conformar un cuerpo profesionalizado de agentes de seguridad vial.
Hebe Marcogliese, la directora de la Agencia, ha reconocido que recibieron incontables reclamos por irregularidades técnicas y administrativas originadas en el uso de los radares, y hasta que no se mejore el sistema, han decidido sacarlos de funcionamiento.
La Defensoría del Pueblo de la Provincia es otro de los interesados en el tema, ya que esos reclamos han ido a parar a sus oficinas repartidas en distintas localidades santafesinas. Ya en diciembre de 2007 el organismo había emitido la Resolución 277 “Aplicación adecuada de los controles de tránsito por radar” donde se le informaba al Ministro de la Producción, área a la que corresponde la Subsecretaría de Transporte, de los abusos cometidos por quienes llevaban a cabo los controles.
Entre los considerandos de la resolución , se denunciaba que “ha quedado en evidencia el reiterado proceder irregular por parte de las comunas y municipios, siendo el denominador común: Falta de notificación fehaciente al conductor, desconocimiento de los derechos de defensa, exceso de tiempo transcurrido entre la supuesta infracción y su notificación, irregularidades estas que afectan sustancialmente el derecho de defensa tornándose inútil la finalidad primordial, en cuanto a que las infracciones sólo tienen una finalidad recaudatoria y pecuniaria dejando de lado la finalidad de prevenir y crear conciencia ciudadana.”
La Resolución, firmada por Carlos Bermúdez, también hacía caer parte de las responsabilidades en el gobierno provincial, ya que “por su parte, la Subsecretaría de Transportes de la Provincia de Santa Fe no ha propiciado ni instrumentado medida alguna para modificar el accionar irregular de las municipalidades y comunas involucradas. Asimismo, tampoco se ha dictado norma alguna que establezca una escala justa respecto del monto de la multas a aplicar, lo que hace más nítida la arbitrariedad de actuar en el tema y el cariz netamente recaudatorio del sistema”.
También se dejaba en evidencia las irregularidades de forma o administrativas, ya que “subsisten comunas y municipios que sancionan infracciones sin estar autorizadas por el órgano de aplicación, e incluso casos en que dos comunas distintas emiten actas de infracción supuestamente realizadas el mismo día y hora”.
Ante este panorama que volvía a cada conductor que circulara por las rutas de nuestra provincia en una posible víctima, resulta comprensible que se haya suspendido su aplicación. Así se desprende del último reporte oficial dado a conocer por la Agencia de Seguridad Vial, que informó que a la fecha no hay mecanismo (cinemómetros) autorizados para el uso en contralor de tráfico terrestre por rutas nacionales que atraviesen el territorio santafesino.
Ello implica que ningún municipio o comuna posee habilitación para disponer tales controles y por ende para librar infracciones basados en su uso. Únicamente el municipio de Venado Tuerto y la comuna de Chabás están autorizados a efectuar controles en rutas nacionales a través de sus inspectores, sin radar alguno.Para Marcogliese, a fin de año volverían los controles con la supervisión de su Agencia. Pero puede haber más novedades en este tema ya que la funcionaria es partidaria de la vuelta de radares móviles, algo que está expresamente prohibido por ley. La ley 12217, reglamentada a principios de 2004 establece en su artículo 1º la prohibición terminante de instalar los radares que no sean fijos. “Habrá que cambiar la ley que está vigente, está demostrado que no es efectivo, en algunos casos hay que anunciarlo, pero en otros tiene que ser sorpresivo y las multas elevadas para que los conductores manejen a velocidades lógicas”, señalo tiempo atrás, para después agregar que también habrá que cambiar “el sistema de juzgamiento de las faltas para que el infractor pueda ejercer su derecho a defensa y no sea un instrumento recaudatorio de los municipios y comunas
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